Varios años después, las fiestas de El Carmen de 1999 y 2001 aún dejan secuelas en Barakaldo. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao acaba de condenar al Ayuntamiento a pagar 7.826 euros por los derechos de autor de aquellos festejos. La sentencia da la razón a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que reclamó esa cantidad en concepto de las canciones interpretadas por las fanfarrias y txistularis. Jotas, bailes populares o fandangos que se escucharon en pasacalles y actuaciones callejeras. A pesar de que los grupos contratados utilizaron su repertorio habitual, la Administración local deberá rascarse el bolsillo.

Para dejar sin efecto el auto judicial, la institución municipal se ha apresurado a presentar un recurso. «No tiene sentido pagar por canciones sin autor. El juez se ha equivocado», protestó ayer la edil de Cultura y Juventud, la socialista Ana Belén Quijada. Entre los te-mas reclamados, se encuentran clásicos como el Baile de la Era. «Son canciones tradicionales y, que sepamos, cada uno hace su propia versión con total libertad», se quejó la concejala.

La polémica se remonta a finales de 1999. Entonces, la Alcaldía estaba en manos de Carlos Pera, del PSE-EE. Como cada año, la SGAE trasladó al Ayuntamiento las facturas correspondientes a los derechos de autor de las melodías interpretadas en los ‘cármenes’, que se celebran a mediados de julio.

Al tratar en Junta de Gobierno el pago de dichas cantidades, los técnicos locales se percataron de que se hacía referencia a temas populares. Después de estudiar a fondo la petición, se acordó no abonar las cantidades correspondientes a esas canciones. «Los conceptos no quedaron debidamente clarificados, ni en aquella ocasión ni ahora», argumenta Quijada. Los hechos se volvieron a repetir dos años después. Una vez más, el Consistorio declinó el pago de esos recibos.

Negociación sin acuerdo

En todo caso, la mayor parte de las facturas hacían alusión a concier-tos y otros actos, y la Administración sí se hizo cargo de esas cuotas. Para los dirigentes municipales, dichos pagos estaban justificados, y en años sucesivos también han hecho frente a ese coste por derechos de autor. «Siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones», insistió Ana Belén Quijada.

Desde que se planteó el problema, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la SGAE en varias ocasiones para llegar a un acuerdo. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y las posturas se mantuvieron distantes en todo momento. Como solución, la Sociedad General de Autores y Editores decidió acudir a los tribunales, donde, de momento, han cobrado ventaja.”